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Sea cual sea el titular, el expediente tiene varias decisiones
Durante décadas, la Sagrada Família avanzó como símbolo internacional mientras su relación administrativa con Barcelona se explicaba mediante fragmentos: una solicitud histórica en Sant Martí de Provençals, el cambio de término municipal y obras que continuaban durante más de un siglo. En 2018 y 2019, el Ayuntamiento y la Junta Constructora tradujeron esa historia en acuerdos, planeamiento y una licencia contemporánea. La regularización no fue un sello que convirtió de repente un edificio clandestino en obra legal. Fue una cadena de decisiones con objetos diferentes.
El acuerdo anunciado en octubre de 2018 estableció una contribución de 36 millones de euros durante diez años para compensar efectos sobre movilidad, transporte público y entorno urbano. La cifra ocupó titulares porque ofrecía una medida sencilla. Sin embargo, no era el precio de una única licencia ni una multa equivalente a todo el pasado del templo.