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Terraformar un planeta significa alterar deliberadamente su entorno para hacerlo más parecido a la Tierra o más habitable . En el caso de Marte , una propuesta habitual consiste en liberar dióxido de carbono para espesar la atmósfera y producir calentamiento . Antes de discutir si deberíamos hacerlo , conviene separar tres preguntas : si podemos , si las normas actuales lo permiten y si sería moralmente aceptable . La primera respuesta impone cautela . Un estudio patrocinado por la NASA y publicado en 2018 calculó que la presión atmosférica marciana ronda el 0 , 6 por ciento de la terrestre . Incluso si se procesaran todas las fuentes accesibles de dióxido de carbono , la presión solo llegaría aproximadamente al 7 por ciento de la terrestre , muy lejos de la necesaria para mantener agua líquida estable en la superficie . El estudio concluyó que la terraformación global no es posible con la tecnología actual . Ese límite técnico no demuestra que la transformación sea imposible para siempre . Sí desmonta la imagen de una obra inminente y obliga a tratar la terraformación como una decisión sobre capacidades futuras . Por muy remota que parezca , la pregunta sigue siendo útil , porque revela qué principios queremos fijar antes de disponer de medios más poderosos . Existe ya un marco jurídico parcial . El artículo IX del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 exige a los Estados evitar la contaminación perjudicial de los cuerpos celestes y los cambios adversos en el ambiente terrestre causados por materia extraterrestre . También prevé consultas cuando una actividad pueda interferir de manera potencialmente dañina con las actividades de otros Estados . La política de protección planetaria de COSPAR traduce ese principio en orientaciones para misiones concretas . Distingue la contaminación directa , cuando una nave lleva organismos terrestres a otro cuerpo , de la contaminación inversa , cuando muestras extraterrestres regresan a la Tierra . Sus requisitos varían según el destino y el tipo de misión . Se trata de un estándar internacional voluntario y no jurídicamente vinculante , aunque sirve para orientar el cumplimiento del tratado . Sin embargo , la propia COSPAR delimita su alcance : su política protege la investigación científica y la biosfera terrestre , pero no preserva otros mundos por su valor propio , su paisaje o su patrimonio . Cumplir un protocolo de limpieza , por tanto , no equivale a una autorización moral para transformar un planeta entero . El derecho vigente responde a ciertos riesgos , no a todos los dilemas éticos . No se ha confirmado vida en Marte . Aun cuando no se haya confirmado , introducir microbios terrestres podría dificultar la búsqueda de señales autóctonas y comprometer el estudio del origen de la vida . El hecho de que hoy no tengamos una prueba de vida marciana no convierte el planeta en un espacio éticamente vacío . La incertidumbre también puede justificar prudencia . Si se liberara una gran cantidad de gases , habría que evaluar si la intervención podría revertirse . Antes de que una intervención fuera aceptable , habría que definir un umbral de evidencia , una autoridad legítima y un sistema de custodia . También habría que preguntar quién asumiría los riesgos y quién recibiría los beneficios .
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